Coordine las acciones institucionales entre las autoridades de salud y de educación, en el ámbito de sus respectivas competencias para la generación de los instrumentos que deberán ser observados por las instituciones educativas públicas y privadas, así como los centros de investigación, para organizar un regreso planeado, escalonado, gradual, y cauto a clases presenciales, encaminado a disminuir el riesgo de contagio y proteger la salud de los integrantes de las mismas.

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