promover, orientar, coordinar, coadyuvar, incorporar y evaluar políticas públicas para la eficaz protección de los derechos de las personas de los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de contribuir a su desarrollo integral y sustentable tanto en lo individual como en lo colectivo, bajo los principios de no discriminación, respeto a la autonomía, libre determinación y reconocimiento al estado de derecho pluricultural, con observancia de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano.

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