Atendiendo a las diversas situaciones económicas y las condiciones de la realidad social del Estado, válidamente se pueden diseñar beneficios administrativos a favor de determinados sujetos, fines y efectos sobre la economía, precisando la política tributaria aplicable a las áreas de interés general, estratégicas y prioritarias que requieren algún tipo de beneficio para fomentar el interés social o económico del Estado.

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