Regular los procesos de participación de niñas, niños y adolescentes, establecer criterios que conforme a los cuales, las autoridades estatales y municipales, las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, realicen las acciones tendientes a garantizar el derecho de participación permanente, sistemática y activa de niñas, niños y adolescentes en el diseño y evaluación de las políticas públicas, especialmente aquellas que tengan un impacto directo para su vida y desarrollo óptimo, así como promover su participación en los ámbitos familiar, escolar, comunitario, social o cualquier otro en el que se desarrollen.

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